Delitos de Lesa Humanidad

Más de la mitad de los procesados de La Plata por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar ya agotaron la etapa de investigación y esperan que se fije una fecha para ser llevados a juicio o las causas en las que se los acusa cuentan con pedido de elevación. En la ciudad son 30 los imputados que están acusados en tres causas que ya fueron elevadas: una por el “circuito Camps”, una por apropiación de menores y otra que se desprende del juicio por la U9.
Entre ellos se encuentran el médico torturador Jorge Bergés, el comisario condenado en 2006 Miguel Etchecolatz, y el policía acusado de robar la nieta de Isabel Chicha Chorobick de Mariani, Hugo Alberto Guallama. Esa proporción de represores investigados es coincidente con la situación de los procesos penales del resto del país que la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de estado publicó en su última actualización de mayo, donde de las 807 personas procesadas, más de 450 ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con el pedido fiscal de ir a debate. Ocho de esos juicios ya tiene fecha y comenzarán a partir de este mes.
Según se desprende del “Informe sobre el estado de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado” realizado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento (UFiCS) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que contempla la situación de todas las causas por crímenes de lesa humanidad del país y que fue publicado en mayo pasado, en la Plata hay 55 represores militares, policías y civiles procesados, de los cuales treinta están imputados en tres causas que ya fueron elevadas a juicio. De ese total de imputados, 25 continúan siendo investigados por crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar en la región.
Los acusados con causas elevadas serán juzgados –según estiman los querellantes– en julio y agosto próximos por el Tribunal Oral Federal Nº1 de La Plata que integran Carlos Alberto Rozanski, Roberto Atilio Falcone y Mario Alberto Portela, y por el tribunal Nº1 subrogante que integran Héctor Acuña, Mario Gabriel Reynaldi y Jorge Eduardo Chávez.
La más grande de los expedientes es el denominado “Circuito Camps” o “Comisaría Quinta”, que investiga los crímenes cometidos en esa seccional, la Brigada de Investigaciones de La Plata (55 Nº530, entre 13 y 14), Delegación de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), y que incorpora a los centros clandestinos de detención de la Policía Bonaerense conocidos como Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro).
En el debate serán juzgados Etchecolatz, Bergés, Guallama y otros 23 represores (26 en total), acusados de delitos cometidos contra 280 víctimas. Los querellantes esperan que la Cámara de Casación Penal resuelva una apelación de la defensa para que se fije fecha de juicio. Sin embargo, fuentes judiciales  estimaron que comenzaría en agosto y estaría en manos del TOF1 presidido por Rosanzki.
Otra causa que espera fecha de inicio es la que juzgará el robo y supresión de identidad de Helena, una beba nacida en cautiverio y restituida en 1987. En ese expediente están acusados los apropiadores Domingo Luis Madrid y María Mercedes Elichat, y la médica que firmó la partida de nacimiento falsa: Silvia Marta Kirilosky.
Los acusados fueron sobreseídos a mediados de los 90, pero en 2007 la nieta restituida pidió que se revoque la prescripción dada la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El juicio, que aún no tiene fecha precisa, sería llevado a cabo por el TOF1 antes que el de comisaría Quinta.
La tercera causa elevada a juicio en La Plata estará en manos del TOFNº1 subrogante y es el que juzgará a Pedro César Guerrero, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad 9.
A pesar de que los fiscales pidieron que se fije fecha de debate, los jueces esperan que la sala II de la Cámara Casación Penal resuelva un cuestionamiento del  imputado para poner día y hora de debate.

MÁS DE 800 REPRESORES. La actualización de mayo del Informe sobre el estado de las causas de DD.HH. de la UFiCS detalló que hasta mayo se registraban “un total de 807 personas procesadas” por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Pero lo más relevante del informe radica en que de esas personas procesadas “398 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 65 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó elevación a juicio”, indica el informe.
Ese dato implica que “más de la mitad (454) de los 807 procesados actuales, ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio”, agrega.
En el mismo estudio, la UFiCS resaltó que del relevamiento  de todos los condenados por delitos de lesa humanidad concluyó que desde el regreso de la democracia hay “212 condenados en causas por delitos de lesa humanidad”, de los cuales “sólo 40 cuentan con condena firme”.
En ese sentido, el informe critica: “Son especialmente preocupantes las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales”.

PRESOS. El Informe de la UFiCS finaliza con un análisis de “Los datos sobre las medidas restrictivas de la libertad" de los acusados y condenados por delitos y crímenes cometidos al amparo del terrorismo de estado, en el que concluye que hay cerca de medio millar de detenidos.
“Al mes de abril de 2011 hay 488 personas detenidas”, informa el estudio. Y amplía: “Ellas se encuentran alojadas del siguiente modo: 55.74% en unidades penitenciarias, 38.73% en detención domiciliaria, 3.89% en dependencias de las fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales), 1.23% en hospitales y 0.41% en el extranjero (trámite de extradición)”.
Sin embargo, esos guarismos se alteraron mínimamente la semana pasada, cuando el TOF Nº1 revocó la prisión domiciliaria al empresario platense Omar Alonso, condenado por haber inscripto como propia a la hija recién nacida de los desaparecidos Mario César Suárez Nelson y María Elena Corvalán, y lo envió a una cárcel común. 
FUENTE: Diario Diagonales