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miércoles, 10 de junio de 2015

El director que pidió perdón en nombre del Servicio Penitenciario Federal

Víctor Hortel era el Jefe del SPF en el momento que Brian Núñez Valenzuela sufrió atroces torturas por parte de agentes del servicio. Su rol fue fundamental en la causa ya que hizo la denuncia, quitó la defensa institucional a los acusados y garantizó la protección adecuada al joven torturado.

El 16 de julio le llegó la comunicación que tenía a Brian como protagonista. El sumario de prevención escrito por el personal penitenciario, informaba que habían hecho uso de “la fuerza pública, racional, mínima e indispensable” para “evitar que el interno se continúe agrediendo y para resguardar [su] integridad física”.


Ante la llegada mensajes y fotos que mostraban la situación del joven violentado el ex director del Servicio Penitenciario Federal envió personal a constatar el estado de salud de Brian y comprobaron las terribles lesiones que había recibido.

Según el informe del cuerpo médico forense, Núñez Valenzuela recibió 19 tipos de lesiones distintas, entre los que se destacan golpes en el cráneo, hematomas en los ojos y en los labios, golpes en los brazos, espalda, tórax, abdomen, quemaduras en los pies, hematomas en toda la extensión de ambas piernas y fracturas en los quintos metatarsianos de ambos pies.

Fue allí que Hortel y su equipo verificaron que “las lesiones eran compatibles con secuencias de por lo menos trato inhumano, cruel, agravante o tortura”. No demoraron en dar conocimiento a la autoridad judicial: “En agosto hicimos la denuncia penal y tomamos todas las medidas para garantizar la integridad física de Brian y para que no sufra de nuevo esa situación.”


No hay defensa para los Torturadores

Otra decisión destacada por los organismos de Derechos Humanos fue la de negar la defensa a los acusados que le correspondía por la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal, la cual “contiene un artículo que garantiza la defensa corporativa del servicio al personal penitenciario que este con actuaciones judiciales”.

Pero Hortel y su equipo ante la vigencia de la Constitución del 94 que incorporó los tratados de DDHH, entre ellos la prevención y la sanción de las torturas,  definieron que “mantener la defensa corporativa en casos de torturas era absolutamente inconstitucional”.

La Revancha

Esto no le fue gratuito, y “generó un impacto muy fuerte para el servicio, porque nosotros dábamos mensajes claros en términos de terminar con la impunidad y en términos de que nosotros no íbamos a tolerar ninguna secuencia que pudiera ser calificada como tortura”

En agosto del 2013 Víctor Hortel debió renunciar debido a la fuga de 13 presos en la cárcel de Ezeiza. Según declaraciones de Hortel, en esa ocasión "Ni los celadores ni los inspectores cumplieron con su tarea. El personal de requisa tampoco encontró las herramientas. Los soldados en los dos puestos a 50 m. debieron haber visto los movimientos. También fallaron los soldados de guardia que debían estar apostados en los techos".

Dos años después entiende que al SPF como a una fuerza militarizada que viene con su cultura institucional y para “cambiar esa forma de pensar y cambiar esa forma de actuar es una tarea que lleva mucho tiempo”.

El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín dará su veredictopor la causa de torturas el jueves 11 de junio. La fiscalía pidió  18 años para Juan Pablo Martínez; 15 para Roberto Fernando Cóceres, Víctor Guillermo Meza y Javier Enrique Andrada; cinco para Juan José Mancel; cuatro para Juan Fernando Moriñigo y tres para Ede Martín Vallejos. Los primeros cuatro están acusados por las torturas, y el resto por no haber hecho la denuncia, aunque se distingue según el rango que tenían y la actitud que tomaron después de los hechos.

Hortel sigue el caso, no tan de cerca como desearía, “porque el servicio tiene esa lógica de la revancha y del conflicto que uno sabe hasta qué punto lo puede llevar.” Es el mismo servicio en nombre del cual Víctor Hortel le pidió perdón a Liliana Valenzuela, la madre de Brian.


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