En un hecho histórico incorporan la desaparición forzada de personas al Código Penal

La Cámara de Diputados aprobó la incorporación al código Penal de la figura de Desaparición Forzada de Personas, cuyo delito –“en el que participen las fuerzas de seguridad y con el apoyo o la aquiescencia del Estado”– no prescribirá “hasta tanto la persona sea hallada o restituida su identidad”. Este es un hecho histórico y sin precedentes a nivel internacional. La diputada Victoria Donda apuntó a los desaparecidos “en democracia” como los jóvenes Luciano Arruga e Iván Torres, cuyos casos se encuadran en esta figura, así como el de Julio López. Pese a la importancia de la medida, el diario Clarín no le dedicó un solo renglón al tema.
La ley sancionada por la Cámara baja salda una deuda pendiente desde hace tiempo con la sociedad sobre todo en el enjuiciamiento de los crímenes del terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura militar y a la vez incorpora a la legislación argentina una norma sin precedentes a escala internacional.
La sanción de la ley ni siquiera requirió de debate, sino algunas precisiones sobre el proyecto de la senadora kirchnerista Blanca Osuna y que ya tenía media sanción de la Cámara alta. “La incorporación de la desaparición forzada de personas, establecida en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad e imprescriptible, tiene un enorme valor simbólico social”, dijo el presidente de la Comisión de Legislación Penal, el cívico Juan Carlos Vega.
El diputado cordobés dijo que de esta manera se cumplía con el mandato de la reforma constituyente del ’94 que dio jerarquía institucional a diez tratados internacionales y que la incorporación de esta figura al Código Penal “no registra antecedentes” internacionales, así como la “palabra desaparecidos tampoco tiene homónimos en otros idiomas”.
Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e hija de desaparecidos, no quiso estar ausente a la hora definir la importancia de la sanción de la ley.  “Sabemos lo que es no encontrar a un ser querido, de los padecimientos de los familiares y allegados de las personas que no encuentran”, dijo. La diputada también se refirió a los “desaparecidos en democracia”, como los jóvenes Luciano Arruga –“existen testigos de que fue llevado detenido (hace más de dos años) a una comisaría de La Matanza, donde fue torturado antes de su desaparición”– e Iván Torres, “desaparecido hace ocho años en Chubut, donde testigos protegidos por la CIDH murieron en situaciones muy dudosas”.
El primer artículo del proyecto establece que se “impondrá prisión de 10 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada al funcionario público o la persona o miembros de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando ese accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o informar sobre el paradero de la persona”.