A más de veinte años de que diferentes grupos de mujeres iniciaran en el país, el 8 de marzo de 1988, la lucha por la legalización de esa práctica, cuya criminalización dejó el último año otras 87 mujeres muertas: desde la recuperación democrática en 1983 hasta 2009 fallecieron como consecuencia de abortos inseguros realizados en la clandestinidad 2665 mujeres, la mayoría jóvenes y pobres, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud.
El proyecto consagra el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Y fuera de ese plazo, si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud; si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer; si existieran malformaciones fetales graves. Establece que la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla. La iniciativa contempla la objeción de conciencia. Pero en “todos los casos la autoridad responsable deberá garantizar la realización de la práctica”.
“Creemos que esta primera audiencia pública abre el camino del debate parlamentario, que será largo a recorrer pensando que el año próximo es un año electoral. Si cada vez más la sociedad expresa su apoyo al proyecto, creo que quienes serán candidatos deberán evaluar si quieren o no evitar que alrededor de un centenar de mujeres mueran por año por la práctica clandestina del aborto. El aborto legal hace efectivo el derecho de las mujeres a la vida, la salud, a ser respetada en sus decisiones, a vivir una vida libre de violencia, a la justicia social y a ser tratada con la dignidad que merece todo ser humano”, sostuvo la abogada Mabel Gabarra.
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